Daniel González Estrada

Daniel ha dirigido o codirigido los siguientes asuntos significativos:

• Participó activamente en la primera sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de estatutos sociales que prohíben las adquisiciones hostiles, en relación con la regulación de los aeropuertos mexicanos como actividad estratégica del gobierno.
• Representó a los acreedores dentro del procedimiento judicial de insolvencia de tres de las principales empresas constructoras de México.
• Representó a un cliente de la industria farmacéutica en un litigio comercial con importante disputa judicial.
• Representó a instituciones financieras en numerosos casos como demandante y demandado en el marco de litigios comerciales y recuperación de activos.
• Representó a una importante empresa ferroviaria en varios litigios contra competidores en todo México.
• Representó a una importante empresa minera en una demanda por daños y perjuicios e importantes costas judiciales.
• Representó a varios clientes en juicios de amparo ante los Tribunales y la Suprema Corte de Justicia.
• Representación de partes relacionadas en procedimientos de ejecución judicial de laudos arbitrales y sentencias extranjeras ante tribunales mexicanos.
• Representación de empresas en juicios societarios, de nulidad de estatutos y de accionistas.

Antes de incorporarse a DLA Piper, Daniel se desempeñó como asociado en un despacho local enfocado al litigio civil y mercantil, y colaboró en la preparación de los juicios de amparo ante los juzgados federales, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De 2008 a 2010, fue nombrado director de juicios federales de la procuraduría general de la república, y representó al gobierno federal obteniendo varias resoluciones favorables, incluyendo determinaciones pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, entre las que se encontraban el rescate de propiedades nacionales, incluyendo islas y bienes inmuebles estratégicos.

Entre otras actividades, Daniel litigó y dio seguimiento a juicios en los que se disputaron intereses nacionales en contra de ciudadanos, tanto como parte actora como demandada. También actuó como abogado en representación de diversas dependencias y entidades federales, y participó activamente en la defensa del gobierno federal dentro de procedimientos de responsabilidad patrimonial por actividades irregulares de servidores públicos administrativos.